Resumen ejecutivo

Luego de cuatro años consecutivos de incremento del área sembrada con cultivos de coca, Colombia logró detener la tendencia en 2018. Aunque los cultivos permanecen en la parte más alta de la serie histórica (169.000 ha), la estabilización entre 2017 y 2018 (reducción del 1,2 %) representa una oportunidad para revertir las tendencias.

El análisis geográfico muestra que la afectación por cultivos de coca sigue incrementando en algunos territorios, pero se reduce en otros, generando un efecto de “balance”. Nueve departamentos mostraron cambio hacia la reducción9, de los cuales vale la pena destacar Nariño, Putumayo, Meta, Chocó y Amazonas, donde se logra una reducción de más de 11.000 ha; no obstante, esta fue compensada por un incremento de 9.000 ha en Norte de Santander, Bolívar y Cauca.

Más coca en menos territorios

El territorio afectado por coca en 2018 llegó a 141.125 km2, esto representa el 63 % del territorio afectado por coca en los últimos diez años y el 51 % si se considera toda la serie histórica 2001- 2018. La reducción del territorio afectado por coca contrasta con el incremento del área sembrada en los últimos cinco años, lo que quiere decir que hay más coca en menos territorio.

Una de las condiciones importantes de esta dinámica es que el territorio afectado por coca se estabiliza; es decir, no solo se observa una tendencia a la concentración, sino que esa concentración sucede en territorios históricamente afectados. El 25 % del territorio con coca en 2018 completó diez años o más afectado; para 2011 esta proporción era del 15 % y para 2013, en el punto más bajo de la serie histórica de cultivos de coca, era del 17 %. El 82 % de la coca identificada en 2018 se encuentra en estos territorios históricamente afectados.

A nivel municipal prevalece también la tendencia a la concentración y estabilización de la coca. Se calcula que el 17 % de los municipios de Colombia registraron presencia de cultivos de coca, de los cuales los diez primeros (Tibú, Norte de Santander; Tumaco, Nariño; Puerto Asís, Putumayo; El Tambo, Cauca; Sardinata, Norte de Santander; El Charco, Nariño; El Tarra, Norte de Santander; Orito, Putumayo; Tarazá, Antioquia, y Barbacoas, Nariño) sumaron el 44 % del total de cultivos de coca del país en 2018.

La coca está bajando en el 54% del territorio...

La coca se redujo en el 54 % del territorio afectado por cultivos de coca en 2018, con un promedio de 1,35 ha/km2. Sin embargo, solo el 29 % de las grillas con reducción quedaron sin cultivos de coca; esto quiere decir que si bien la coca baja en la mitad del territorio no desaparece de este. Mientras persista la coca en el territorio, el interés de los grupos armados, la inseguridad, los riesgos de corrupción y las restricciones a la legalidad también persistirán, lo cual constituye una limitante para la sostenibilidad.

La concentración del área sembrada con coca implica que el problema se hace cada vez más complejo en algunos territorios específicos, pero también que cada vez hay menos territorio afectado por cultivos de coca, lo que crea condiciones favorables para la conformación de territorios liberados de dicho problema.

Hasta el momento, aunque el 37 % del territorio ha permanecido sin cultivos de coca por tres años o más, Caldas es el único departamento donde no solo se dejó de registrar el cultivo de coca sino donde, además, se crearon condiciones propicias para la legalidad; por esta razón, fue declarado en 2019 como “territorio libre de cultivos de coca”10. En 2018, veintidós departamentos están afectados por cultivos de coca, ocho de ellos (Arauca, Vaupés, Guainía, Cesar, Santander, Boyacá, Magdalena y La Guajira) tienen menos de 100 ha y están listos para avanzar hacia su consolidación como territorios libres de coca.

 

El 5% del territorio concentra el 62% del problema

En el otro extremo se encuentran territorios donde el problema se hace cada vez más complejo. En El Tambo- Argelia (Cauca); El Charco-cuenca alta del río Telembí (Nariño); el Naya (Valle del Cauca); Tarazá-Valdivia (Antioquia), y San Pablo (Bolívar), la coca muestra alta concentración, superando las 10 ha/ km2. Estos núcleos son los de mayor densidad de siembra por kilómetro cuadrado en el país.

La presencia de lotes cada vez más estables y productivos durante el año es una de las alertas que se reitera en el presente informe; el rendimiento nacional de hoja de coca fresca por hectárea pasó de 4,7 tm/ha/año en 2014 a 5,7 tm/ha/año en 2018 (incremento del 21 %).

Esta mayor productividad se debe a: 1) la mayoría de los lotes (73 %) está en edades de mayor productividad; 2) se observan mejores técnicas de manejo agrícola: por ejemplo, poda de los arbustos de coca con el fin de favorecer el crecimiento de la hoja, mejorar el flujo de aire, evitar el rozamiento entre las ramas, así como facilitar el manejo del arbusto en la cosecha; 3) hubo renovación de los arbustos, sustituyendo las plantas existentes con cultivariedades11 que, de acuerdo con el productor agropecuario con coca (PAC), tienen mayor producción de hoja, más resistencia al clima o a las enfermedades, permiten una mayor obtención de alcaloide o facilitan su manejo en la etapa de extracción, y 4) la mayoría de los PAC reporta la aplicación de prácticas agroculturales de fertilización, control de malezas y control de plagas; de hecho, el 88 % de estos realiza el control de malezas mediante el uso de químicos, mientras que el 10 % reporta una combinación entre el método manual y el químico para esta labor.

Más de la mitad de los cultivadores venden en sus fincas la hoja de coca que producen; esta proporción viene incrementándose, principalmente, debido a incentivos asociados al precio de la hoja. La producción potencial de clorhidrato de cocaína pura en Colombia alcanzó las 1.120 tm en 201812. Se estima que 1 ha de coca productiva durante todo el año tendría una producción potencial entre 8,2 kg y 9,6 kg de base de cocaína/ha cosechada, y entre 6,2 kg y 6,9 kg de clorhidrato de cocaína puro/ ha cosechada.

La producción potencial de cocaína centrada en poco territorio implica una fuerte interacción entre los actores involucrados, no solo en la siembra/ cosecha, sino también en la extracción, la transformación y el tráfico de cocaína. Los ingresos para el cultivador, derivados de la venta de hoja o su transformación en pasta o base, siguen siendo bajos (COP $859.200 mensual para hoja, COP $399.300 mensual para pasta básica de cocaína, y COP $394.000 mensual para base por ha cosechada); sin embargo, el volumen de dinero asociado a la actividad ilícita que circula en la región es suficiente para concentrar el poder económico en los traficantes.

Se estima que la producción potencial de clorhidrato de cocaína tendría un valor de COP $5,3 billones en complejo de producción14; de esto el 50 % se queda en las fincas, que corresponde al pago de la hoja, de la pasta básica de cocaína y de la base de cocaína que allí se produce. Si se tiene en cuenta que el precio de 1 kg del clorhidrato de cocaína puesto en puerto de salida en Colombia es de COP $12.650.000 a 2018, y asumiendo que todo el potencial de producción se exporta15, su valor se calcula en COP $16,5 billones; se estima que el 68 % se queda en la ruta entre las zonas de producción y el puerto de salida.

La red de actores involucrados en el proceso hace que no solo los cultivadores de coca dependan económicamente de la actividad ilegal, por lo que la sostenibilidad de las intervenciones va más allá de las fincas productoras de coca; solo el 19 % de las grillas intervenidas en 2018 quedaron sin coca. Aunque las intervenciones directamente sobre la coca, a través de erradicación manual (forzosa o voluntaria), generan una reducción de los cultivos de coca (hasta en el 25 %), este efecto se reduce fuertemente si la intervención se interrumpe.

La persistencia de los cultivos de coca tiene que ver con varios factores: 1) el rendimiento del cultivo, asociado a la fertilidad de los suelos y al uso de tecnologías de producción; 2) la dinámica de los precios de los diferentes subproductos de la planta de coca y el balance económico favorable de la actividad productiva; 3) la problemática de la producción lícita relacionada con los riesgos técnicos y económicos, y 4) la presión de los agentes de la cadena del narcotráfico para impulsar el establecimiento de los cultivos en las regiones productoras.

 

Las zonas de manejo especial son las más afectadas por cultivos de coca 

La coca sigue concentrándose en las zonas de manejo especial: el 47 % de los cultivos se encuentra en Parques Nacionales Naturales (PNN), resguardos indígenas, tierras de comunidades negras o zonas definidas por la Ley 2 de 1959. La participación de la coca en estos territorios pasó del 44 % en 2006 al 65 % en 2010; a partir de entonces, ha venido disminuyendo hasta el 47 % en 2018.

Conforme a la clasificación establecida en la Política Ruta Futuro, la reducción que se logró en PNN (-8 %)16 y resguardos (-6 %) no fue suficiente para compensar el incremento del 11 % que se presentó en zonas de reserva forestal establecidas por la Ley 2, incremento que se mantiene constante desde 2014. El incremento de los cultivos de coca en estas zonas de reserva constituye un desafío para el Estado colombiano, no solo desde la perspectiva del control a la producción de drogas, sino del ordenamiento del territorio.

 

La inversión para la sustitución se está concentrando en los municipios más afectados

A 31 de diciembre de 2018, 57.186 familias de las 99.097 vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), es decir el 57,71 %, han recibido al menos un pago por parte del programa. La magnitud de las inversiones previstas por el PNIS guarda proporción con la intensidad de afectación por cultivos de coca, asegurando que gran parte de los recursos será destinada a los municipios en los que la problemática de cultivos ilícitos es más fuerte.

 

Los cultivos de coca constituyen un factor de riesgo para las comunidades 

El 80 % de las víctimas de homicidios en el marco del conflicto armado en 2018 habitaba en municipios que registraban afectación por presencia de cultivos de coca, y el 76 % vivía en municipios en los cuales se ha venido adelantando el diseño de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), según información reportada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Por otra parte, una mayor presencia de los cultivos de coca se relaciona directamente con el desplazamiento forzado interno, con las afectaciones de la fuerza pública (asesinatos o heridos), y con los actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos efectuados a nivel municipal.