Resumen ejecutivo

La producción de oro en el escenario actual (crisis por la pandemia del COVID-19), ha repercutido de forma importante en los mercados, por ser el activo refugio preferido por inversores mundiales, de allí que su precio se haya visto fortalecido en los mercados internacionales. La demanda mundial impulsa la producción de oro, pero también la Explotación ilícita, que sumado a la presencia de cultivos ilícitos en algunos territorios, se constituyen en señales de alerta para el Estado colombiano, por las amenazas a la estabilidad ambiental, económica y social de varias zonas del país. Esto demanda intensificar los controles y aumentar los niveles de formalidad y legalidad que contribuyan a mejorar los ingresos del país y de los territorios. El sistema de monitoreo de EVOA y los modelos de análisis como figuras de ley y restricción ambiental, permiten tener una aproximación al carácter de legalidad de la EVOA. Los resultados para el 2021 muestran lo siguiente:

Concentración de EVOA en tres departamentos y diez municipios del país

Para el 2021, el monitoreo arroja que 13 de los 32 departamentos del país presentan EVOA en tierra, con un total de 98.567 ha, un 2 % menos que lo detectado en el 2020 (100.752 ha), además de la participación del municipio de Dibulla, departamento de La Guajira. La EVOA en tierra está concentrada en tres departamentos del país: Chocó, Antioquia y Bolívar, con el 88 % del total nacional. Chocó ocupa el primer lugar con la mayor detección de EVOA con 38.980 ha (40 % del total nacional) y focaliza la mayor cantidad de EVOA en la categoría de Explotación ilícita en Zonas excluibles de minería.

Los diez municipios que concentran el 54 % de la detección de EVOA son territorios de alta complejidad

De 101 municipios con EVOA en el país (9 % del total nacional), 10 de ellos concentran el 54 % de la detección nacional (52.859 ha): Zaragoza, Nechí, Nóvita, El Cantón de San Pablo, Cáceres, Istmina, El Bagre, Ayapel, Río Quito y Unión Panamericana. De estos municipios se obtiene el 26 % de la producción de oro nacional y se presenta alta explotación ilícita de oro (59 %).

Estos territorios se caracterizan por su alta complejidad ya que, además de la explotación ilícita de oro, algunos tienen presencia de cultivos de coca; lo anterior coincide con altos niveles de pobreza y bajos índices de desarrollo. Además, la producción de oro formal no se revierte en estos territorios, haciendo que se conviertan en escenarios favorables para la presencia de estructuras criminales organizadas que se disputan el control territorial por las altas rentabilidades de las economías ilícitas.

Solo una baja porción de las EVOA detectadas se encuentran dentro del marco legal (minero y ambiental)

La relación entre EVOA y figuras de ley muestra que el 65 % corresponde a Explotación ilícita. En esta categoría sobresalen Chocó y Antioquia; el 29 % cuenta Con permisos técnicos y/o ambientales y el 6 % se encuentra en la categoría En tránsito a la legalidad.

Llama la atención que en Valle del Cauca y Guainía más del 95 % (consolidado departamental) de las EVOA detectadas se encuentran en la categoría de Explotación ilícita y coinciden con Zonas excluibles de la minería, territorios de protección y conservación del patrimonio natural.

Aproximadamente la mitad de la EVOA en tierra se encuentra en Zonas excluibles de la minería (49.469 ha)

Las Zonas excluibles de la minería corresponden a territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales en los que la ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración y explotación minera. En el 2021, de 98.567 ha detectadas con EVOA, 37.733 ha están bajo la categoría de Explotación ilícita localizada en Zonas excluibles de la minería; se trata de territorios donde se ejerce esta actividad sin el correspondiente título minero vigente. Es de anotar que en esta categoría se identificaron 24.387 ha de EVOA en tierra en Zonas mineras de comunidades étnicas; en estos territorios la comunidad tiene prelación sobre terceros para la obtención de un título minero. El 35 % del área de EVOA en tierra nacional se encuentra en la Reserva Forestal del Pacífico, territorio reconocido por albergar algunos de los bosques más biodiversos del planeta, tanto en variedad como en endemismo de especies.

La otra mitad de la EVOA en tierra se encuentra en Zonas libres de restricciones ambientales (49.098 ha)

Las Zonas libres de restricciones ambientales corresponden a territorios donde no existen restricciones ambientales para la actividad minera y se pueden solicitar permisos de exploración y explotación. Los resultados de la detección de EVOA indican que el 50 % del consolidado nacional (49.098 ha) se encuentra en estas zonas y el 54 % (26.251 ha) de la EVOA en Zonas libres de restricciones ambientales se realiza sin el correspondiente título minero. Antioquia es el departamento con la mayor representación de EVOA en Zonas libres de restricciones ambientales con el 83 % del consolidado al interior del departamento.

El 50 % de la detección nacional de EVOA en tierra (49.351 ha) se localiza en territorios de manejo especial

La EVOA en estos territorios se incrementó en un 4 % en relación con el año anterior, en su mayoría (89 %) corresponde a la presencia en territorios étnicos, principalmente en Tierras de las Comunidades Negras, y Chocó concentra la mayoría (85 %). El 11 % se focaliza en Áreas protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Tan solo el 1 %, aproximadamente, se encuentra al interior de Resguardos indígenas.

EVOA y presencia de cultivos de coca: dos fenómenos que convergen en algunos territorios

Aproximadamente en el 38 % de los territorios con presencia de EVOA en tierra en el 2021 se identificó siembra de cultivos de coca en el 20201. El área sembrada con coca registra 11.102 ha y de EVOA en tierra 25.462 ha. De los 101 municipios con EVOA en el 2021, 70 de ellos presentaron siembra de cultivos de coca. De los 10 municipios con más EVOA en tierra en el 2021, 6 reportaron cultivos de coca en el 2020: 4 se localizan en Antioquia (Zaragoza, Nechí, Cáceres y El Bagre) y tienen tendencia al incremento de cultivos de coca, y 2 en Chocó (Nóvita e Istmina) con tendencia a la disminución. Si bien estos fenómenos tienen ciclos de producción y características de mercado diferentes, se desarrollan en zonas vulnerables por condiciones de pobreza, marginalidad, difícil acceso y presencia de grupos armados ilegales. La convergencia de estas dos actividades no solo genera impactos negativos en los ecosistemas naturales, sino que son un factor determinante en la dinámica económica del territorio. Entender las complejas interacciones de los territorios en los que coinciden estas dos actividades facilitaría el desarrollo de políticas públicas integrales, focalizar acciones en los eslabones altos de la cadena, pero también enfocarse en la transformación de los territorios afectados. Una sola acción o herramienta de intervención, o varias de ellas de manera desarticulada, no permiten optimizar esfuerzos y cambiar las condiciones en el territorio para lograr impactos sostenibles.

Territorio con presencia de EVOA y estabilidad de las áreas

Entre el 2020 y el 2021 el territorio con presencia de EVOA en tierra es de 113.321 ha; el 76 % del territorio se concentra en Antioquia y Chocó. Del total del territorio afectado se destaca que el 76 % corresponde a áreas estables, tendencia que persiste en los dos periodos de estudio; el 13 % se encuentra en áreas con indicios de pastos y herbazales (áreas detectadas en el 2020 donde ya no se presentan activas para el 2021) y el 11 % entre áreas en expansión y áreas nuevas. La detección de EVOA del presente año y las cifras de dinámica en el periodo 2020-2021 dan muestra de la estabilidad del fenómeno, situación que puede atribuirse a las repercusiones importantes que ha tenido el mercado del oro en la actualidad, lo cual impulsa la permanencia y la capacidad de los actores para continuar con la explotación de oro, tanto en términos de producción legal como también de Explotación ilícita, por la alta rentabilidad y los bajos riesgos que genera esta actividad. Lo anterior demanda presencia del Estado y una estrecha articulación entre los niveles central y departamental para adelantar acciones integrales en todos los frentes.

Aproximadamente la mitad de la producción de oro colombiano proviene de la minería de subsistencia

En el periodo 2010-2020 la producción de oro colombiano representa alrededor del 2 % de la producción mundial. Aunque no es una producción representativa, la apuesta por minerales clave como el oro, con mejores perspectivas en el mercado internacional, requiere intensificar los controles de la explotación ilícita así como aumentar los niveles de formalidad y legalidad, para mejorar ingresos por impuestos y regalías que repercutan en los territorios altamente afectados por la ilegalidad.

Los mayores productores de oro en el periodo 2017-2021 (primer semestre) son Antioquia (57,4 %) y Chocó (14,9 %); también son productores importantes los departamentos de Bolívar, Caldas, Córdoba, Nariño y Cauca.

La estructura productiva en el periodo 2016-2021 (primer semestre) muestra concentración en dos tipos de explotadores: Barequeros y títulos mineros, alrededor de la mitad de la producción de oro en Colombia proviene de la minería de subsistencia (Barequeros y Chatarreros, 49 %), la cual se desarrolla de manera artesanal y que, por su misma naturaleza, presenta bajos niveles de productividad. Por lo anterior, es necesario fortalecer la estrategia de formalización para lograr que esta sea una actividad rentable y ambientalmente responsable que impacte la calidad de vida de las comunidades mineras, que en algunos territorios son de tradición minera artesanal y ancestral. De la mayor importancia en este contexto es realizar control efectivo a la explotación ilícita del mineral (cadena de valor) mediante la desarticulación y afectación de las estructuras criminales que se disputan el control de los territorios por las rentas de las economías ilícitas, que incrementan los factores de riesgo para la población civil.

Acciones del Gobierno colombiano contra la explotación ilícita

Las acciones de control del Gobierno colombiano para la lucha contra la explotación ilícita de oro tienen como objetivo reducir la extracción de minerales que se realiza sin el cumplimiento de los permisos técnicos y ambientales establecidos por ley. Los resultados de las acciones de control se pueden resumir en procesos de incautación, destrucción de maquinaria o cierre/clausura de minas. En el 2020 se realizaron 586 operativos de intervención a minas de explotación de oro, en las que se acumularon 1.114 resultados operacionales en el ámbito nacional; el 56 % se relaciona con incautaciones, el 27 % con minas de oro intervenidas y el porcentaje restante con destrucción. Los motores, motobombas y retroexcavadoras concentran el 76 % del total de resultados relacionados con incautaciones. El mercurio, por otra parte, es la sustancia química con mayor grado de incautación.

La explotación ilícita de oro con altos niveles de informalidad, sumada a la presencia de cultivos ilícitos y las condiciones históricas de rezago económico y social de estos territorios, crean escenarios favorables para que los grupos armados organizados (GAO) obtengan rentas a partir de su involucramiento directo o indirecto en las economías ilícitas. El reto es fortalecer, por tanto, la estrategia integral que se viene desarrollando en estos territorios, enfocada principalmente en: 1) fortalecer la política de formalización, potenciando capacidades institucionales para ejercer acompañamiento que permita alcanzar estándares técnicos, ambientales y económicos para las comunidades; 2) garantizar seguridad e implementación de acciones que potencialicen impactos y permitan golpear las redes de valor de las economías ilícitas enfocadas en los nodos de alto valor estratégico que soportan la explotación ilícita minera y otras economías ilícitas de los territorios, para garantizar acciones efectivas y estratégicas, y 3) inversión social acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de consolidar economías sostenibles para el desarrollo social y ambiental, que reduzca las vulnerabilidades de la población. Esto requiere generar evidencia técnica para identificar las vulnerabilidades, para monitorear y evaluar las estrategias de intervención, así como analizar a profundidad los sistemas de redes de valor para enfocarse en nodos de más alto valor estratégico.